Se apresuraron los augures del desastre: en Oaxaca no se revivieron los ardores de 2006. Después de la violencia del 15 de febrero y la suspensión de clases y la marcha magisterial masiva del día siguiente, tanto en el gobierno estatal como en la Sección 22 del SNTE prosperan los empeños por lograr paz y estabilidad en el estado. Aunque están anunciadas movilizaciones regionales, una marcha estatal el 8 de marzo y una de carácter nacional semanas después, está conjurado el fantasma de la ocupación del centro de la capital y una suspensión de labores por tiempo indefinido. Tampoco habrá, en consecuencia, acciones represivas criminales como las que ordenó el gobernador Ulises Ruiz, todo lo cual caracterizó el espeso clima político oaxaqueño hace casi un lustro.
No hay, tampoco, una paz idílica. Pues- to que persisten agravios a la sociedad que se levantó contra la dictadura de Ruiz, y han surgido otros en el arranque del nuevo gobierno, Oaxaca vivirá tensiones que son propias de una sociedad donde chocan intereses y se procura ejercer principios. Pero lo que esencialmente difiere de la situación de 2006 es que la relación entre gobernados y gobernantes está regida por la ley, y aquéllos no son tratados como enemigos por éstos.
En paradoja comprensible, uno de los factores que condujo a la victoria ciudadana en las elecciones de julio pasado está generando nuevos costos. Además de los partidos que postularon al senador Gabino Cué y lo llevaron a la gubernatura, el activismo del ahora titular del Poder Ejecutivo sumó otras presencias a la vasta alianza con que triunfó. Cada parte de esa coalición de intereses espera que el gobierno que contribuyó a erigir cumpla los compromisos que se estipularon, explícita y tácitamente.
El gobierno resultante de una coalición tiene que observar cuidadosamente el equilibrio en la atención a esos intereses, so pena de que las partes que se supongan minusvaluadas o agredidas hagan notar su inconformidad con los instrumentos a su alcance.(…)
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