Los intentos por clausurar la planta regasificadora Energía Costa Azul de Ensenada han resultado en la cancelación, cuando menos temporal, de un nuevo proyecto de inversión de 3,500 millones de dólares de Sempra Energy en La Rumorosa, Baja California. La falta de certeza jurídica y la impunidad con la que opera un grupo que busca extorsionar a la empresa han llevado a esta decisión.
El 12 de febrero de este año, como lo señalé en el artículo "Costa Azul" del 14 de febrero, el presidente municipal priista de Ensenada, Enrique Pelayo, envió a un centenar de policías municipales a clausurar las instalaciones 23 kilómetros al norte del municipio de Ensenada argumentando que los permisos de operación habían sido otorgados de manera ilegal. Horas después las autoridades estatales y federales procedieron a reabrirlas con el apoyo de la Policía Federal y del Ejército. Hasta este momento la planta continúa operando bajo resguardo federal.
Tanto la Secretaría del Ambiente (Semarnat) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han señalado que la planta cumple con la ley. La CRE va más allá y apunta que la regasificadora forma parte "del plan estratégico del gobierno federal... para dotar al país de la infraestructura necesaria para garantizar su seguridad energética". Advierte además al alcalde que "la actividad de almacenamiento de gas natural es de exclusiva jurisdicción federal".
La Comisión Federal de Electricidad ha apuntado, por otra parte, que la interrupción de la provisión de gas de Costa Azul "provocará serias afectaciones en la continuidad del servicio eléctrico en la zona costera de Baja California y en las zonas de Tijuana, Ensenada y Mexicali".(…)
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