¿Qué cuesta más: la primaria o la cárcel?

El Financiero

Género: Opinión

Publicación: 24 de febrero de 2011 

Autor: Alfredo Acle Tomasini

Web: No disponible

Pero más allá de las implicaciones netas que este incentivo fiscal tendrá en los bolsillos de los padres de familia, vale la pena analizarlo desde una perspectiva de política pública; más aún porque los montos a deducir fueron calculados, según se dijo, con base en el costo que al erario federal le significa proporcionar educación gratuita desde preescolar hasta bachillerato, lo que en esencia representa una buena parte de la inversión que el Estado realiza en la formación del capital humano de cuyo futuro desempeño dependerá en gran medida el desarrollo del país.

Desde esa perspectiva, lo primero que sorprende son los montos tan bajos anuales que se gastan por alumno. Para darle a esta afirmación un orden de magnitud, basta mencionar que mientras a un alumno en primaria se le invierten 12 mil 900 pesos por año, la sola manutención de un reo -ropa y comida - le cuestan al erario 36 mil 500 pesos. Es decir que, por cada individuo preso, podrían tenerse a tres niños en la escuela. Cabría preguntarse si la matrícula en las universidades del crimen, como se les denomina a los Ceresos, no está asociada a la carencia o baja calidad de la educación pública, lo que de comprobarse sólo confirmaría que la gestión de los poderes públicos privilegia la atención de los efectos en lugar de corregir las causas.

Ciertamente, la posibilidad de que un individuo cree valor está asociada a su inteligencia y a sus características personales, pero estos elementos se potencian en la medida en que se incorpora el conocimiento. Podríamos decir que el conjunto de estos factores define el capital no tangible de una persona y del cual dependerá en buena parte su nivel de bienestar y su posición social. Por ello, no se necesita ser muy sagaz para entender que la diferencia en el destino de dos seres humanos similares la hace el acceso a la educación. Ésta, al ser un medio de formación de capital intelectual, se convierte por ende en un mecanismo de redistribución y generación de riqueza.

Por ello sorprende lo mínimo de los montos revelados por Hacienda. Con seguridad cualquier comparación internacional, especialmente con países de la OCDE, haría más acentuada la pequeñez de su dimensión. Pero, al margen de este análisis, el contraste interno también sería dramático porque fácilmente encontraríamos que las colegiaturas que cobran las escuelas privadas rebasan en varias veces lo que gasta el Estado por alumno.

Dejando de lado que no siempre la diferencia de los montos gastados está correlacionada con la calidad del servicio educativo que se recibe, sí podemos afirmar en términos generales que las distancias que existen en el gasto escolar que se hace en los sectores públicos y privados sí constituyen un elemento que favorece un reparto desigual de oportunidades y eventualmente de la riqueza, que atrapa en un círculo vicioso a los segmentos de la población menos favorecidos.

Curiosamente los partidos políticos no reaccionaron ante lo raquítico de los montos; el PRI habló de que la idea había sido plagiada, mientras que el PRD criticó que se dieran incentivos fiscales que beneficiarán a un grupo muy reducido e insistió que el énfasis debería estar puesto en la educación pública, pero sin reparar en la gravedad de la cifras que se le ponían enfrente.

Los montos presentados respecto al gasto que se realiza por alumno nos han puesto en blanco y negro la lamentable situación que prevalece en el país en materia educativa y cómo esto inevitablemente está influyendo en su desarrollo y en la conformación de una problemática social muy compleja.

El incentivo fiscal resarcirá en alguna cantidad a quien pague la educación de sus hijos. Pero no hará de México un país más justo y más competitivo. Esto requeriría replantear el tema educativo desde una perspectiva más amplia, y tener la voluntad de invertir más en la primaria de un niño que en la manutención de un reo.