Escribí aquí el martes pasado en respuesta a una carta iracunda de Roberto Hernández, director de Presunto culpable, quien censuraba que yo no viera censura en la decisión provisional de una juez para que se dejara de exhibir el documental: “Si el siguiente paso, como parece, es demandar daño moral, quedaríamos claramente ante un pleito civil para reparar el presunto daño con dinero. Censura, Roberto, es otra cosa, otra historia”.
Pasaron ocho días. La juez metió reversa, aunque ordenó difuminar en las 2 mil copias la cara del denunciante, el presunto afectado por el documental, Víctor Daniel Reyes.
La presunta censura de unas horas quizá catapultó las de por sí espectaculares cifras de taquilla de Presunto culpable: un millón 200 mil espectadores; ingresos de cerca de 60 millones de pesos.
“No es una derrota, ni mucho menos, porque la decisión de la juez nos da el precedente judicial de que hubo una violación contundente a las garantías individuales de nuestro cliente”, evalúa el abogado de Víctor Daniel, Juan Carlos Ballina.
—La mesa está servida para ir al juicio por daño moral, abogado.
—Es un derecho que le asiste a nuestro cliente —responde Ballina—. Si él estima pertinente hacerlo valer, lo haremos valer.
—Está pintada la denuncia, abogado.
—La violación ha sido ya cometida. La gente ya vio el rostro de nuestro cliente. Ya se proyectó la película, ya hubo un daño, ya hubo una afectación.
—Pintada.
—Sí, por supuesto.
Seguramente demandarán. Y podrán ser 10, 30, 60, 100 millones de pesos para reparar el daño. Estaba pintado desde el primer día.
Puede ser éticamente cuestionable, pero están en su derecho de recurrir a la justicia.
De eso se trataba este asunto, no de censura.
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