El caso del documental Presunto culpable ha vuelto a colocar sobre el tapete el debate acerca de cómo funciona nuestro sistema de justicia, no sólo por el contenido de esa película sino también a causa de la forma en que se decidió (afortunadamente, ello ya se ha revertido) quitarla de cartelera.
El tema quedará para volver a analizar, una vez más, la defensa que deben hacer las autoridades, comenzando por las judiciales, de los derechos fundamentales, en este caso el de la libre expresión, vulnerado una y otra vez por disposiciones específicas. No está de más recordar que el amparo que un grupo de intelectuales, artistas, comunicadores, presentamos contra la reforma electoral de 2007, precisamente por violar la libertad de expresión, sigue sin resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero el problema va mucho más allá. La cantidad de leyes, decretos, ordenamientos, algunos muy bien intencionados, otros nefastos, que se emiten a diario y terminan configurándose como parte de agendas políticas o caprichos personales, es tan amplia como la decisión de distintas autoridades de simplemente abstenerse de tomar decisiones y dejar que sean los particulares o los tribunales, o ambos o ninguno, quien termine decidiendo el curso de temas prioritarios para la vida nacional.
Qué mejor ejemplo de ello el fuerte diferendo que enfrenta a varias de las principales empresas de comunicación en nuestro país. Ayer, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones iniciaron una demanda contra Telmex por el tema de los costos del servicio de interconexión, un capítulo clave para el futuro de las telecomunicaciones. Telmex ha respondido con una dura campaña en medios en contra de lo que llama el duopolio televisivo. (…)
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