martes, 8 de marzo de 2011

[Miguel Ángel Granados Chapa. Plaza Pública] Luis Martínez Villicaña


Desde 1950, y salvo la renuncia de Carlos Gálvez Betancourt en 1971 (para dirigir el IMSS), Michoacán vivió casi 40 años de regularidad institucional, en que cada gobernador entregó el cargo al completar su sexenio a quien había sido elegido para sucederlo. Esa continuidad se rompió en 1988 cuando Luis Martínez Villicaña fue obligado a renunciar a la gubernatura, que había asumido dos años atrás. Lo despojó del puesto el flamante presidente Carlos Salinas, quien lo removió el 3 de diciembre, apenas 48 horas después de iniciar su sexenio presidencial. Con eso lo castigó por los pésimos resultados electorales obtenidos por el PRI en esa entidad, y lo usó para mitigar las tensiones dejadas por su polémica elección frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Martínez Villicaña había sido escogido por el presidente Miguel de la Madrid para suceder a Cárdenas en la gubernatura michoacana. En su libro autobiográfico Sobre mis pasos, terminado de escribir en julio pasado y en circulación desde noviembre siguiente, Cárdenas relata que al aproximarse el fin de su gobierno habló con De la Madrid sobre la sucesión y propuso nombres para ello. El Presidente no los tomó en cuenta. Al contrario, el 30 de enero de 1986 el secretario de Gobernación Manuel Bartlett le informó que De la Madrid "ya había decidido que el secretario de la Reforma Agraria fuera el candidato".

De modo que de Bucareli Cárdenas se trasladó a la sede del PRI "donde encontré a Adolfo Lugo, su presidente, a las cabezas de los tres sectores del partido, y a Luis Martínez Villicaña, quien me anunció que el 2 de febrero llegaría a Morelia para celebrar su primer acto como candidato".

Desde entonces el sucesor de Cárdenas practicó o alentó hostilidad contra los cardenistas, al punto de que "al poco tiempo de estar Martínez Villicaña al frente del gobierno se produjeron los asesinatos de Gilberto Huerta, Librado Melgoza y Daniel Arellano, los tres colaboradores de mi gobierno, sin que la administración local investigara y menos aún detuviera a alguien involucrado con esos crímenes.(…)

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