NUEVA YORK.- Es muy injusto, por supuesto. Lo dijo con elocuencia el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor del clásico Las venas abiertas de América Latina, al recibir la Medalla 1808 que otorga el gobierno de la Ciudad de México.
La injusticia brota a cada paso. Si un agente del servicio de inmigración de aduanas de Estados Unidos es victimado, como ocurrió con Jaime Zapata en San Luis Potosí, el Ejército y la Procuraduría General de la República en México se mueven con rapidez espectacular y capturan en unos días a los presuntos responsables. En Estados Unidos las agencias federales también actúan con extraordinaria celeridad y capturan a cientos de mexicanos o mexicano-estadounidenses involucrados con el narcotráfico. Nadie responde a la pregunta incómoda de si Washington tenía ya identificados a los criminales de tiempo atrás.
Incluso una de las armas utilizadas en el ataque es rastreada con celeridad y resulta que su origen es el estado de Texas, el mismo del que procede el agente muerto. Vender y comprar armas es legal en Estados Unidos, aunque no lo es el exportar estos instrumentos de la muerte hacia México, donde se convierten en uno de los principales combustibles de la guerra que se libra en territorio mexicano para supuesto beneficio de los consumidores de drogas estadounidenses.
El interés de las autoridades por resolver los demás casos, el de las demás víctimas de la guerra contra el narco en territorio nacional, es bastante menor. El grado de impunidad ante estos crímenes es enorme. Son gente de a pie, que no recibirá un funeral de héroe como el que tuvo Zapata en su natal Brownsville.
Sólo en México, y en el actual gobierno panista, esta guerra ha dejado un saldo de 35 mil muertos. Muchos de ellos, nos dicen, son sicarios que participan en el negocio de la droga. Los otros, bueno, son simple daño colateral. Toda guerra deja un rastro de sangre inocente que es una parte inevitable del costo de la victoria. Lo curioso del caso es que no hay en los registros de salud pública en México o en Estados Unidos una sola muerte registrada como consecuencia de la marihuana, que representa un 80 por ciento del consumo de drogas ilegales. Este contraste obliga a preguntarse si la medicina es más costosa que la enfermedad.
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