Layda Negrete, productora de Presunto culpable, advierte que no acatará la orden judicial de camuflar el rostro del testigo falso que refundió a un inocente en la cárcel.
En apoyo de su negativa invoca el séptimo constitucional (libertad de expresión), donde puede leerse “… Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura…”).
Tiene mucho sentido.
Pero si Layda no tuviera razón y terminara siendo obligada a alterar la imagen, todos quienes aparecen en el documental y se sientan agraviados pudieran seguir los pasos del falsario que quiere permanecer en el anonimato y, eventualmente, conseguir que sus caras aparezcan trampeadas para hacer imposible su
identificación.
identificación.
Un escenario así sería desolador, y no tanto por el despoblamiento de una película testimonial, sino porque el documental perdería cualquier sentido.
Si tal fuera el destino de Presunto culpable, tanto el miserable caso que merece su propalación como (y sobre todo) la existencia misma de los problemas que arrastra México en procuración e impartición de justicia quedarían, también, difucamuflados.
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