En los pasillos del poder judicial de la federación se mira el caso del amparo contra la exhibición del documental Presunto Culpable como un asunto del fuero común, es decir, de ámbito de competencia del Distrito Federal. Y entonces todos los ojos han volteado para observar gestos y reacciones del Mejor Alcalde del Mundo, ahora más preocupado por su auto candidatura presidencial.
De todos modos, el debate social ha llevado a un territorio peligroso: el condicionamiento del Estado del derecho no a un cuerpo legal sino al capricho de las masas: el derecho a la exhibición de un documental quiere pisotear el valor del derecho de amparo, sin duda el instrumento social más importante para defender al ciudadano de los abusos a sus libertades.
Paradójicamente, la sociedad de la transición quiere seguir utilizando los mecanismos de justificación del viejo régimen: el l sometimiento del Estado de derecho a razones políticas y sociales, la temible raison d'État del maquiavelismo pervertido. Se trataría, para darle una dimensión de categoría científica, de lo que pudiera considerarse la doctrina jurídica Manuel Bartlett: el fraude patriótico, es decir, el incumplimiento de la ley por razones superiores de hegemonía política. Ahora se quiere exhibir un documental a pesar de la existencia de un amparo. Y el deterioro del amparo llevará el derecho a la desprotección del ciudadano y al fortalecimiento del absolutismo.
El caso de Presunto Culpable se comienza a ahogar en el pantano de la estridencia. Lo grave es que existen caminos jurídicos para atender las quejas del denunciante pero sin desestimar el eje central, la litis jurídica, del documental: la denuncia de un Estado de derecho pervertido, corrupto, manipulado en el Distrito Federal --y obviamente en todos los estados de la república, aunque en ellos aún sin videos incriminatorios--.
El documental no se realizó en torno al denunciante que reclama --con derecho-- que su imagen fue usada sin autorización, sino para revelar las corruptelas del sistema integral de impartición de justicia en un espacio territorial y en un tiempo político: el DF bajo los gobiernos perredistas, el partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.(…)
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