• Ya sabían
• Acoso para permiso
• Manipulación y distorsión
Un mes atrás, diez días antes de que se estrenara Presunto culpable (lo que sucedió el 18 de febrero), autoridades federales y la CNDH ya conocían la exigencia de la familia del difunto Juan Carlos Reyes Pacheco de que se frenara la exhibición cinematográfica del cuerpo del asesinado y se impidiera un daño, mediante edición y distorsión, a la imagen del único testigo del homicidio que da pie al documental, el primo Víctor Daniel Reyes Bravo.
Érika Reyes Pacheco, hermana del joven asesinado en 2005, asegura que el 8 de febrero del presente año, con asesoría del abogado Mario Ignacio Mata Martínez, se solicitó la revocación de la autorización para transmitir en cine o cualquier otro medio de comunicación la película antes mencionada a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia y a la CNDH, pero no recibimos respuesta, hasta que acudimos a las oficinas de RTC y nos atendió el licenciado Alfredo Rosas; de manera informal en una plática nos dio una negativa a nuestra petición, sin ningún oficio de por medio.
Después, explica, se procedió a interponer un amparo de solicitud de suspensión del acto por parte de mis padres y de mi primo, argumentando la violación de garantías individuales y de preceptos constitucionales.
En párrafos de cartas enviadas a distintos destinatarios en busca de apoyo, que Érika compartió con esta columna, se asegura que la familia Reyes Pacheco jamás aprobó las grabaciones hechas en un juzgado penal, siendo que muchas veces fuimos presas del acoso de la productora Layda Negrete Sansores para que diéramos consentimiento de la filmación y se afirma que en el documental nunca presentan todos los agravios y vejaciones cometidas por el abogado defensor de José Antonio (el Presunto culpable) y de las que mi primo fue víctima. (…)
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