Tengo un respeto muy grande por lo que ha hecho el equipo que produjo y exhibe Presunto culpable. No quiero dejar una impresión equivocada en ellos. Por eso hago estas precisiones sobre mi texto del viernes (“El presunto ojete también tiene derechos”) y sobre lo que opinó ayer aquí el director Roberto Hernández.
- Nunca critiqué el documental. Defendí, sí, el derecho de cualquier persona, Víctor Daniel Reyes incluido, de recurrir a la justicia para denunciar un presunto daño. Esa es mi tesis; mi punto de partida y llegada.
- Tampoco escribí una palabra sobre el derecho de los productores a grabar el juicio. Como periodista celebro que lo hicieran. Llevo 15 años difundiendo materiales “polémicos” en televisión (recuerdo, a propósito de cárceles, el de las visitas íntimas en Almoloya, 2001). Sería el menos indicado para criticar ese punto.
- No dije que la decisión de la juez Blanca Lobo fuera correcta. ¿De dónde sacas eso, Roberto?
- En efecto, no veo un acto de censura. Veo una diligencia promovida por unos abogados. Si el siguiente paso, como parece, es demandar que hay daño moral a Víctor Daniel, quedaríamos claramente ante un pleito civil para reparar el presunto daño con dinero. Censura es otra cosa, otra historia. Ojalá, Roberto, no se sumen a la patética lista de quienes, a la primera de cambios, usan tramposamente esa palabra.
- Si expresar el punto de vista del que piensa diferente, del que se inconformó con el documental, es propagar la confusión, soy entonces un propagador de la confusión. ¿Qué tendría que haber hecho a favor de “la causa”? ¿Apalear a Víctor Daniel por buscar a una juez? ¿Linchar a la juez por conceder la suspensión provisional? No, no.
Un abrazo al equipo y lo mejor para Presunto culpable.
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