Cuando se conoció el fracaso de la operación Rápido y Furioso a cargo de la agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el último en enterarse fue el gobierno de México, al que no le comentaron el desarrollo de este plan que acabó fuera de control y con las armas en manos de criminales.
Todo comenzó cuando en esa oficina de gobierno, BATF, se tomó la decisión de dejar pasar varios paquetes de armas a México para seguirles el rastro y ubicar y detener al jefe de la mafia.
Lo que se hizo con Rápido y Furioso ya se había hecho con otras operaciones de la misma estructura. La diferencia fue el resultado: un desastre operativo que se conoció con las revelaciones de un agente de BATF encargado de esa oficina en Phoenix, Arizona, quien reveló los detalles del trasiego de armas compradas por agentes encubiertos en ese estado para ser vendidas a delincuentes mexicanos de este lado.
El programa de desarrolló en 2009 y 2010 y permitió la compra legal y envío ilegal a México de dos mil armas, incluidos rifles de asalto AK-47, el letal cuerno de chivo, y de aún más alto poder como el Barret calibre 50 y la matapolicías, que irían directamente a manos de sicarios del crimen organizado responsables de la mayoría de las 35 mil muertes registradas en México en esa línea en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, quien se enteró, igual que todos los demás, por los medios de comunicación.(…)
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