Un fantasma recorre México: es el fantasma de la censura. Se aparece por muchos lados. De dientes para afuera, numerosos políticos se envuelven en la bandera de la libertad de expresión pero, cuando pueden, solicitan, demandan y ordenan la censura con tal de evitar las críticas.
La semana pasada, por ejemplo, una jueza ordenó la suspensión temporal de la exhibición de Presunto culpable, documental que demuestra las miserias de la justicia penal mexicana. Muchos políticos, de diversos partidos, salieron a criticar dicha decisión. Senadores como Carlos Sotelo (PRD), Carlos Jiménez (PRI) y José González Morfín (PAN) condenaron el acto, especularon que se trataba de un posible caso de censura por parte del Poder Judicial y solicitaron la no censura de la película. Fantástico.
Qué bueno que lo hayan hecho. Pero resulta que todos estos senadores votaron a favor de la reforma electoral de 2007 que prohíbe, en la Constitución, las campañas negativas y la compra de spots de radio y televisión por parte de cualquier ciudadano.
Los legisladores se llenan la boca con las palabras “libertad de expresión” pero en la práctica les gusta que sólo se aplique en “los burros de mi compadre”, es decir, del Poder Judicial. En los “burros propios” resulta conveniente la censura. Que un partido hable mal de otro partido. No: prohibido en la Constitución. Que un candidato critique a otro candidato. No: prohibido en la Constitución. Que un ciudadano o grupo de ciudadanos contrate anuncios de radio y televisión para hablar de partidos o candidatos.
No: prohibido en la Constitución. Pero sí se vale que un grupo de ciudadanos exhiba las miserias del Poder Judicial. No hay consistencia. Y no la hay porque en el fondo los políticos, de todos los partidos, carecen de una verdadera convicción a favor de la libertad de expresión. Por eso ronda el fantasma dinosáurico de la censura.
El viernes decía que me parecía increíble que se necesitara un permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exhibir una película. Que siguieran existiendo este tipo de licencias que utilizaban los gobiernos autoritarios para censurar filmes que les disgustaban. Hoy corrijo. Resulta que esta norma ya se derogó. La única atribución que actualmente tiene la Segob es la de emitir un certificado que clasifica la película de acuerdo a su contenido. En el caso de Presunto culpable se otorgó la clasificación “B” apta para adolescentes y adultos.
No obstante que la Segob carece de facultades para censurar una película, antes o después del comienzo de su exhibición, la jueza 12 de Distrito, Blanca Lobo, le ordenó a la Secretaría que así lo hiciera como si estuviéramos en las épocas de Díaz Ordaz. (…)
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