Súbitamente lanzada a la fama, si bien de modo indeseable, la jueza Blanca Lobo resolverá hoy si otorga la suspensión definitiva a Víctor Manuel Reyes Bravo, quejoso contra la autorización para exhibir Presunto culpable. Después de que el martes el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional que quitó de la pantalla durante unas horas ese documental ya célebre, es difícil que la juzgadora persevere en su posición inicial. Es de anticiparse que ya no ordene suspender la exhibición pública de la cinta, y pida al demandante esperar a la resolución de fondo del asunto.
El juicio de garantías solicitado por Víctor Manuel Reyes Bravo, testigo de cargo contra José Antonio Zúñiga en el documento grabado por Layda Negrete y Roberto Hernández, puso en el centro de la opinión pública el funcionamiento de la justicia penal del fuero común, el de la justicia de amparo y las posibilidades de la censura Quiero referirme ahora a este último tema, a reserva de referirme a los dos restantes una vez conocida la resolución de la juzgadora número doce en materia administrativa en el Distrito Federal.
La Secretaría de Gobernación, al rendir en este caso el informe previo que le demanda la ley de amparo, habrá seguramente alegado que la orden judicial que quitó de la cartelera Presunto culpable era incumplible porque carece de facultades para prohibir la exhibición y distribución y aún más la publicidad en tomo de esa cinta. En efecto, no hay en la legislación facultades de ese género atribuidas a ninguna autoridad. Pero sí hay, y en eso me detengo ahora, más allá del caso particular, legislación que aplicada con mala fe puede redundar en medidas contrarias a la libertad de expresión.
Partamos de reconocer que en esta materia se han producido avances, pues salimos de un régimen legal propio de una sociedad cerrada, susceptible de padecer el padrastrismo gubernamental cuidadoso de la virtud de los gobernados, a uno más respetuoso de la mentalidad de los ciudadanos. Pero todavía persiste el dirigismo estatal en esta materia.(…)
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