Si al final los tribunales mexicanos determinan que los realizadores de Presunto culpable -un trabajo periodístico con imágenes grabadas en un juicio público- debían haber obtenido para su exhibición autorización de una de las personas que aparece en el trabajo, el resultado sería un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país.¿Habría algún político dispuesto a dar su permiso para que se le exhibiera en un trabajo periodístico crítico? ¿Se imagina usted a René Bejarano otorgando a Brozo su autorización para difundir imágenes suyas en el momento de recibir fajos de dólares del contratista Carlos Ahumada? ¿Cree usted que un policía a quien se grabara subrepticiamente recibiendo una mordida daría su bendición para que se exhibiera su imagen?
Inquieta que una juez de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, haya ordenado a la Secretaría de Gobernación ejercer una censura contra un trabajo periodístico. El temor se multiplica ante la posibilidad de que el fallo definitivo proponga el criterio de que un trabajo periodístico debe tener para su exhibición la autorización previa de las personas que muestra. Esto acabaría con la posibilidad de tener un periodismo independiente en nuestro país.
Hay razones para pensar que la Secretaría de Gobernación ni siquiera tiene las facultades para censurar un trabajo periodístico, como lo ordenó la juez Lobo. En los regímenes autoritarios el gobierno decide qué películas, impresos u otros instrumentos de información pueden difundirse públicamente. En un país de libertades la autoridad puede autorizar la clasificación de una cinta pero no permitir o prohibir su exhibición.
No coinciden los juzgadores sobre si es legal o no decretar una suspensión provisional que despoje a terceros del derecho de ver una película o un trabajo periodístico. En contraste con la censura ordenada por la juez Lobo, otra juez de distrito desechó una suspensión provisional en un juicio promovido por familiares de la víctima del homicidio del que surge el caso. Ayer mismo, por otra parte, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó por unanimidad la suspensión provisional ordenada por la juez Lobo.(…)
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