Agustín Acosta es un abogado honorable que se juega parte de su prestigio en la defensa de Florence Cassez. Por la mañana, un Tribunal Colegiado fulminó a su cliente. Le negó el último recurso. Tendrá que pasar medio siglo en una prisión mexicana con la etiqueta de secuestradora en la frente.
Abogado honorable, reconoce la autonomía del Tribunal, pero critica el formalismo de la resolución. Y advierte que al desestimarse el montaje televisivo de aquella detención de Florence, se está dando luz verde para que se repita.
—Es un triunfo, Agustín, para gente honorable como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, que pelearon para que Florence no fuera enviada a Francia —le digo.
—No soy quien para criticarlos, pero creo que están mal gastando su prestigio y capital social, que es muy grande, y enfocando mal las baterías, porque si entre otras cosas están pidiendo que la policía actúe con mayor profesionalismo y con mayor eficacia, deberían tener por lo menos una mirada crítica a lo que representa el montaje. Su comunicado es equivocado. Es en contra del recurso de amparo. Vencieron, pero no convencieron.
—¿Vencieron, pero no convencieron, Isabel?
—A mí lo que me llama la atención es que siempre hablan de errores en el proceso jurídico —responde, y le responde a Agustín, Isabel Miranda de Wallace—. Apuestan a los posibles errores técnicos, pero no demostraron que ella fuera inocente. Tuvieron todas las oportunidades para probarlo. No lo hicieron en el arraigo, ni en la orden de aprehensión ni en la primera instancia; tampoco en la segunda ni en el amparo. El expediente de Florence está sustentado por pruebas y no por dichos. Hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad. Tienen que aceptarlo.
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