El Universal
Sección: Política
Género: Opinión
Publicación: 16 de febrero de 2011
Autor: Alejandro Gertz Manero
La obsesión protagónica de un burócrata del espionaje político que pretendía encumbrarse como el zar policiaco del país dio lugar al montaje ilegal de un espectáculo mediático con motivo de un secuestro, que este individuo utilizó para promover sus ambiciones personales, todo lo cual le ha traído al país y a sus instituciones una verdadera pesadilla que parece no tener fin ni conclusión satisfactoria.
El asunto inició en 2005 como resultado de una investigación que, si se hubiera consolidado mediante una serie de actuaciones equilibradas y transparentes, seguramente habría sido un caso encomiable que le hubiera dado prestigio al gobierno del país. Pero la necesidad apremiante de ese obscuro burócrata de violentar los hechos para exaltar su personalidad evidenció su abuso de autoridad y manipulación, que convirtió en actores de televisión a los presuntos responsables y a sus víctimas, manipulando así a la opinión pública, lo cual propició una confrontación que se ha dado en todos los niveles y que, finalmente, ha llegado a enfrentar a los gobiernos de México y Francia, llevando a nuestro país a una etapa más de descalificación internacional, que nunca debió de haber existido y que nos ha hecho un daño irreparable a nivel mundial; mientras, el delito del secuestro ha aumentado en México de 2005 a la fecha de 1,692 a 4,214 anualmente, demostrando así el fracaso de esa burocracia policiaca inepta y manipuladora.
En el caso que nos ocupa, el atractivo publicitario de una bella mujer, joven, extranjera y vinculada amorosamente con un brutal secuestrador era un tema que el protagonismo del referido burócrata no pudo resistir y así, sin medir consecuencias, hizo explotar su montaje publicitario. Éste involucró a todo el gobierno, obligándolo a defender a su abusivo subordinado para también proteger a todo el sistema y a sus instituciones, exaltando a la recién creada AFI, la cual años después tuvo que ser disuelta por corrupta, a pesar de que la pretendían calificar como la “mejor policía del mundo”, como se atrevió a hacerlo un procurador poco tiempo antes de que la tuvieran que desmantelar.
El haber “ensuciado” el procedimiento con tantos abusos de autoridad que obligaron a los presuntos responsables y a las víctimas a actuar frente a los medios provocó que la verdad sobre ese montaje saliera a la luz ganando una descalificación tan grave que el gobierno tuvo que comprometerse en una defensa a ultranza de las instituciones para demostrar que, por encima de los abusos cometidos, prevalecía la responsabilidad penal de quienes estaban involucrados en esos delitos.
Todo lo anterior complicó el procedimiento, ya que en las declaraciones iniciales las víctimas no reconocieron a Cassez, para que después sus dichos cambiaran, convirtiéndose en “testigos protegidos”. Así se fueron acumulando elementos de duda frente a presunciones de gran peso que también involucraban a Cassez, como que vivía en la misma propiedad donde se hallaban los secuestrados y tenía una relación de intimidad con el secuestrador Israel Vallarta, poseedor del inmueble donde estaban las víctimas, razón por la cual era muy difícil que Cassez fuera ajena a lo que pasaba.
El presidente de Francia convirtió el asunto en una cruzada con tintes políticos cada más evidentes y, ante esa situación, tal parece que hubo un acuerdo entre gobiernos para aplicar la Convención de Estrasburgo, con objeto de que Cassez purgara su sentencia en Francia, lo que también fracasó cuando la opinión pública mexicana se enteró de ello, en razón de los espectáculos mediáticos promovidos por el gobierno mexicano, que volvió a ser víctima de su irrefrenable protagonismo.
Esa dinámica escandalosa también surtió sus efectos en el ámbito judicial, ya que en este caso no hay ninguna autoridad que quiera ir a contracorriente de la sentencia que ya ha emitido una parte importante de la opinión pública, que si bien está provocada por los espectáculos de referencia, también se sustenta en todos los elementos y presunciones que involucran a Cassez en este delito.
Es muy probable que el asunto vaya a las cortes internacionales y ahí, independientemente de que se pueda ratificar o no la culpabilidad de Cassez, lo cierto es que nuestro sistema de seguridad y justicia saldrá muy lesionado por sus evidentes abusos y manipulaciones, y sólo podríamos recuperar algo de la confianza y respeto perdidos si nos adelantáramos a sus dictámenes y, en forma extraordinaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que ha demostrado recientemente su eficacia e independencia— investigara y dictaminara el asunto, aun cuando ello no tuviera efectos de recomendación, ya que los temas judiciales no son su materia, pero en un caso tan grave como éste nadie se habría de oponer a que actuara como una institución de respeto y credibilidad bien ganada.
Si esto se lograra, sería también el camino para obtener una reforma a la ley de dicha comisión, para que ésta pueda intervenir sin excepción en cualquier caso —sea judicial o no— en que haya violaciones a los derechos humanos.
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