De lo que he leído sobre el caso, en particular los testimonios de las víctimas, me queda claro que la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de complicidad con una activa banda de secuestradores mexicanos, es culpable de lo que se le imputa.
Me queda claro también que su proceso judicial ha sido un desastre (me pregunto a estas alturas si hay alguno en México que no lo sea), porque fueron violadas de manera flagrante sus garantías como detenida al punto de retenerla ilegalmente para montar una versión televisiva de su aprehensión, en busca de ratings policiacos.
Mi impresión es que cualquier juicio llevado bajo la exigencia de garantizar al acusado el debido proceso, es decir, el respeto a sus garantías procesales, habría tenido como consecuencia, en México y en cualquier otro sitio, la liberación automática de Florence Cassez, no por ser inocente, sino por haber sido procesada de manera arbitraria.
La justicia no puede impartirse sustantivamente si no hay una calidad formal en el procedimiento de acusación y defensa. La violación de esas formalidades fundamentales, obliga a los jueces en todas partes del mundo a liberar al acusado antes de juzgar el fondo de la acusación.
Así debió haber sido liberada Florence Cassez en México: por razones de forma, porque en el proceso judicial, la forma es fondo, y porque en su aprehensión y consignación se violaron todas las formas.
Absurda y altivamente, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha convertido el litigio por la extradición de Florence Cassez en un casus belli diplomático. No faltan razones jurídicas ni diplomáticas en su alegato, pero falta a tal punto la sensatez y la mesura políticas que ha puesto las relaciones de ambos países en una tensión desmesurada
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