Cambio de Michoacán
Género: Opinión
Publicación: 16 de febrero de 2011
Autor: JL Frutis
Invocando respeto al Poder Legislativo, diputados priístas y panistas del Congreso de Michoacán intentaron boicotear la rendición del III Informe del ciudadano gobernador Leonel Godoy Rangel. La sesión convocada por unanimidad de los diputados, donde incluso aprobaron el cambio de la sede legislativa al Teatro Morelos de Morelia el pasado 13 de febrero, finalmente pudo realizarse con algún contratiempo.
El argumento que se utilizó por los legisladores del PRI y del PAN, para justificar tal acción, es la acusación de que la fracción parlamentaria del PRD actuó con “cálculo electoral” en el procesamiento de una nueva reforma electoral para el estado de Michoacán, misma que mediante un “albazo” legislativo aprobaron esta semana, urgiendo al Ejecutivo estatal para que la promulgara de inmediato y pudiera ser vigente en el próximo proceso electoral en nuestro estado.
Esta semana se han estado aclarando detalles de cómo se pretendió en un principio arribar a una nueva reforma electoral; se trazó una ruta para consensuar esta legislación y ha quedado al descubierto que no se cumplieron los tiempos acordados ni los planteamientos pactados. Llama la atención el desplegado dirigido a la opinión pública este martes donde los grupos parlamentarios de diputados únicos de cinco partidos integrantes del Congreso local: PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, donde dan a conocer su inconformidad con el nuevo Código Electoral que aprobaron “al vapor” diputados del PRI y del PAN.
No se incluyó en el nuevo Código la representación paritaria de género en las listas de candidatos de representación proporcional, partiendo de la base de que el 52 por ciento del padrón electoral está conformado por mujeres, la incorporación a las funciones del (IEM), de la responsabilidad de organizar procesos de participación ciudadana, el atender las recomendaciones que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo formuló al Congreso estatal para que los procedimientos administrativos los resuelva en primera estancia el IEM, como órgano administrativo, y en una segunda instancia el propio Tribunal atendiendo a un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la resolución de estos asuntos sea expedita y dé certeza a las partes, transparentar la designación de los titulares de la Unidad de Fiscalización y Contraloría del IEM mediante una convocatoria pública; éstos, entre otros puntos importantes, fueron motivo de divergencia en el Poder Legislativo.
A estas alturas las fracciones del PRI y el PAN han pretendido presionar al Ejecutivo estatal para que abdique a su responsabilidad como parte del proceso legislativo de revisar el nuevo Código Electoral y emitir en su caso una opinión. El secretario general de Gobierno ha dejado en claro que esto no va a ocurrir. La cuestión de fondo queda de manifiesto, no hubo acuerdo en el Congreso local para arribar a una reforma electoral consensuada, falto tiempo, trabajo; pero eso sí, estimado lector, saque usted sus cuentas de cuántos días al año trabajan nuestros diputados y con qué resultados, creo ahí está toda la explicación sobre este y otros temas.
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