Proceso
Género: Nota informativa
Publicación: 16 de febrero de 2011
Autor: Pedro Matías
OAXACA, Oax., 16 de febrero (apro).- El arzobispo José Luis Chávez Botello lamentó hoy los excesos que se registraron en el marco de la visita del martes del presidente Felipe Calderón y advirtió que “Oaxaca no puede ni debe vivir en violencia permanente, pero tampoco debe ser rehén de quienes pretenden mantenerla ahogada en la violencia”.
Al fijar su postura, formuló cinco preguntas que podrían explicar lo ocurrido el martes pasado: ¿Por qué se dio la violencia? ¿Alguien la propició? ¿Alguien la indujo? ¿Por qué se desarrolló? ¿A quiénes conviene que vivamos en la violencia?
En un comunicado, resaltó que “la paz y el bien común son fruto de la justicia; por eso no hay justicia donde se provoca e induce a la violencia, ni cuando se realiza una defensa con un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”.
El purpurado mencionó que “no podemos cerrar los ojos a la realidad ni justificar a unos acusando a otros sin fundamento”.
Por ello que hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen a fondo los hechos, pues “no podemos ni debemos ensuciar más el ambiente porque caeremos en un círculo vicioso que nos llevará, otra vez inevitablemente, a dañar la estabilidad y la paz social”.
Entonces, dijo, “la esperanza activa nos exige ser responsables y nos lleva a pedir una investigación seria, profunda y apegada a derecho”.
Insistió en que “se esclarezca la verdad y, a partir de ella, la sociedad pueda conocer efectivamente el origen y los móviles de los acontecimientos que generaron la violencia con tan lamentables consecuencias. Que nadie se sienta vencedor ni vencido, que por encima de tintes ideológicos y partidistas prevalezca la verdad y así ganaremos todos caminando por la justicia y la paz”.
A su vez, la fracción parlamentaria de Convergencia señaló que la fuerza pública desmedida debe ser investigada y castigada, pero también todas aquellas personas que disfrazan intereses mezquinos, que se infiltran con los gremios o los grupos sociales para desestabilizar el poder público, a los personajes que lejos de buscar un bien social o común, atienden a intereses propios o de grupos radicales, que atentan contra el patrimonio público y particular, contra esos desestabilizadores también debe aplicarse todo el peso de la ley.
“Oaxaca nunca más debe ser rehén de unos cuantos que, escondidos tras un movimiento de lucha, sólo buscan confrontaciones que generan más violencia”, finalizó el posicionamiento de Convergencia en el Congreso local.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco resaltó que la represión y criminalización de la protesta no conducen a la democratización. Asimismo, no descartó que en la manifestación se hayan infiltrado “golpeadores”.
Enseguida pidió una investigación profesional y apegada a derecho, sanciones administrativas y penales correspondientes a los funcionarios responsables --por omisión o comisión-- en estos hechos y establecer la identidad y responsabilidad de quienes se amparan en el movimiento social para cometer desmanes y delitos para que sean juzgados de acuerdo con la ley.
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