lunes, 14 de marzo de 2011

[Sergio Sarmiento. Jaque Mate] Costos de guerra


El gobierno de la República ha mantenido una política constante de minimizar el costo al país de la guerra contra el narco. Pero la estrategia resulta cada vez más insostenible.

Distintos funcionarios han sostenido que en la lista de más de 35 mil personas que han perdido la vida en actos vinculados al crimen organizado en lo que va del actual sexenio muy pocos no se lo merecían. En abril del 2010 el propio presidente Felipe Calderón afirmó que más del 90 por ciento de los muertos eran víctimas de guerras entre bandas. Su primera reacción ante los jóvenes asesinados de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez fue acusarlos de pandilleros.

La misma actitud manifestaron otros funcionarios tras la ejecución de los 72 migrantes de Tamaulipas o de los 20 michoacanos de Acapulco. Al final las acusaciones resultaron falsas. En realidad es muy difícil saber cuántos entre los muertos eran realmente criminales y cuántos inocentes convertidos en daño colateral.

De la misma manera, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ha señalado en varias ocasiones que la violencia no ha afectado a la economía nacional. Ha apuntado para ello al crecimiento del producto interno de 5.5 por ciento en 2010 y a las cifras relativamente altas de inversión extranjera.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), siempre incómodo a las autoridades, ofrece ahora un estudio que apunta que el costo de la violencia asciende a 1.16 billones de pesos, el 8.9 por ciento del PIB. El investigador Carlos Mendoza llega a esta cifra tras sumar el gasto en seguridad de los sectores público y privado, y añadirle costos indirectos, como el tiempo que la gente pierde ante el Ministerio Público para hacer una denuncia o el costo de sobornos para que los familiares puedan entrar a los reclusorios para ver a sus seres queridos detenidos.

Esta cifra no incluye los costos de salud que se generan en torno a las 7.2 millones de personas que, según el INEGI, reportaron haber sido víctimas de un delito ni de los millones más que simplemente no se molestaron en presentar denuncia ante el Ministerio Público.(…)

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